Tradicionalmente las políticas culturales han apostado por el acceso a la cultura como un bien colectivo al alcance de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, la acción cultural es generada por las instituciones para una ciudadanía que asiste como mera espectadora y recibe las propuestas culturales como un bien de consumo.

 

La participación en las dinámicas culturales depende de la educación recibida, los recursos económicos o las experiencias previas del público en unos procesos de democratización cultural según los cuales todos debemos tener acceso a la cultura.

 

Desde hace unos años se han iniciado en España experiencias culturales sensiblemente distintas para crear cultura como una práctica social que se construye en la conversación y la convivencia de actores sociales que comparten responsabilidades con la administración. En este caso las prácticas culturales se identifican con los intereses de los ciudadanos en un contexto de democracia cultural, con amplia participación de la población.

 

Sin embargo, a pesar de los logros alcanzados en cuanto a la colaboración del público, es evidente la necesaria presencia de mediadores y educadores que propicien la co-construcción ciudadana.